Historia del movimiento sindical uruguayo (desde los inicios hasta 1982)


LOS COMIENZOS DE LA LUCHA POR LA UNIDAD DE TODOS LOS TRABAJADORES


En 1901 se reorganizan numerosos gremios que luchan principalmente por mejoras salariales y la reducción de la jornada laboral.

El año 1905 es sumamente importante para la historia del sindicalismo uruguayo: prácticamente en todas las industrias de Montevideo se organizan sindicatos; se desarrolla actividad sindical en el interior del país (Salto, Soriano, San José, entre otros); la Federación de Trabajadores del Puerto de Montevideo resuelve crear una Federación Nacional de Trabajadores: en el mes de agosto, en el Congreso Obrero Nacional se constituye la Federación Obrera Regional Uruguaya –FORU-, primera central de carácter nacional que tiende a la unidad de los trabajadores bajo los ideales anarquistas: “El Congreso aprobó el llamado pacto federal. En dicho pacto se consagraba el anarquismo como ideología del movimiento sindical...”

Entre 1905 y 1923 se desarrollan gran cantidad de huelgas que tienen como eje reivindicativo la reducción de la jornada de trabajo a 8 horas; muchos son los gremios que declaran la huelga: ferroviarios, portuarios, construcción, Municipio de Montevideo, tranviarios, etc. La respuesta de las autoridades es la persecución y la dura represión a los sindicalistas.

El inicio de una fase de expansión de las economías capitalistas industrializadas alentó en este período nuevos y más exigentes requerimientos de los consumidores europeos. En este contexto, se inscribe el ciclo pecuario exportador de Uruguay e implicó nuevas adecuaciones de los procesos productivos nacionales mediante un vigoroso empuje de la exportación de carnes congeladas y enfriadas a partir de la instalación de los frigoríficos. Se produjo un alza de precios de nuestros productos entre 1905-17 y también un mayor incremento de la demanda como resultado del desarrollo de la Primera Guerra Mundial (1914-1919).

Esta permite la reactivación económica del país desarrollándose los sectores que más directamente se relacionaban con el abastecimiento de los ejércitos en guerra. Después de duras luchas de los trabajadores, en 1915 se obtiene, mediante la aprobación de una ley, la reducción de la jornada laboral a 8 horas.

El modelo propiciado por José Batlle y Ordóñez (presidente entre los años 1903-07 y 1911-15, pero cuyas ideas se extienden más allá de su muerte acaecida en 1929), en lo que se denomina “el primer batllismo”, abarcó la nacionalización y la estatización de empresas, enfrentando al dominio británico aunque propició las inversiones de Estados Unidos, impulsó la industrialización e intentó la tecnificación y transformación de las estructuras agropecuarias promoviendo la agricultura, al tiempo que procuraba la atenuación de algunas injusticias sociales.

Este proyecto reformista representó una nueva correlación de fuerzas sociales y políticas entre las clases dominantes que tuvo como eje a las fracciones industrial y comercial vinculadas al mercado interno. Estas lograron el apoyo de ciertos sectores de las “capas medias” y de trabajadores, desplazando de la conducción política al gran capital agroexportador que, no obstante, continuó siendo dominante.

La política estatista y nacionalizadora impulsada por Batlle y Ordóñez desarrolló una importante infraestructura y monopolios en rubros fundamentales: crédito y seguro, energía, transporte y puertos; colocando al Estado como instrumento modernizador de la estructura del país. El creciente rol estatal se vio favorecido por la expansión ganadera de la cual captó importantes excedentes. El crecimiento de las funciones del Estado, los efectos del proteccionismo industrial promovido, conjuntamente con la acción redistributiva (legislación laboral y social) acrecentaron el mercado interno y fueron soportes del incipiente desarrollo manufacturero.

Varios son los proyectos de leyes de tipo social y laboral que se presentan en el Parlamento, por los distintos gobiernos y representantes nacionales, aunque no todos son aprobados como leyes:
1. Presidencia de José Batlle y Ordóñez 1903-07: proyecto de ley sobre disminución de la jornada laboral (no discutido en el Parlamento). Presidencia de Claudio Williman 1907-11: proyecto de ley sobre accidentes de trabajo (no aprobado).

2. Presidencia de José Batlle y Ordóñez 1911-15: proyecto de ley de jornada de 8 horas y reglamentación de trabajo de menores (aprobado en 1915 y reglamentado en 1916); proyecto de “empréstito de edificación para obreros” (no aprobado); declaración del 1° de Mayo como “Fiesta del Trabajo” (aprobado en 1916). Presidencia de Feliciano Viera 1915-19: proyecto de ley del trabajo nocturno (aprobado en 1918); proyecto que proporcionaba a cada funcionario un asiento para el desempeño de sus tareas “ley de la silla” (aprobado en 1918); proyecto de pensiones a la vejez e invalidez total (aprobado en 1919). Presidencia de Baltasar Brum 1919-23: ley de descanso semanal obligatorio, ley de indemnización por accidentes de trabajo (ambas aprobadas en 1920).

El Censo de 1908 dio un resultado de 1:042.000 habitantes de los cuales 392.400 constituían la población económicamente activa, que fue clasificada en 106.000 trabajadores del sector primario, 210.000 del secundario y terciario y 76.000 jornaleros.

Es indicativo de la expansión económica del período la evolución de la ocupación en manufacturas que en 1889 fue calculada en 22.292 trabajadores agrupados en 2.682 establecimientos; en 1908 había 30.135 obreros distribuidos en 2.345 empresas; mientras que en 1913 eran 42.358, en 1920 pasaron a unos 50.000 y finalmente en 1930 se estimaba en unos 77.500 obreros.

Es importante destacar que en 1908 el 95% del total de empresas ocupaban al 42% de los obreros y artesanos, mientras, que el 5% de los establecimientos al 58% de los trabajadores. Estos cambios cualitativos revelan las nuevas potencialidades que ofrecían a la organización y la lucha sindical estas formas desarrolladas de relaciones de trabajo.

A su vez, los funcionarios públicos que eran 19.000 en 1901 llegaron a ser 52.000 en 1932.
La primera posguerra acarreó para el Uruguay una dura crisis que provocó una aguda desocupación acentuada en los primeros años de la década del ’20: si tomamos el año 1918 como referencia tenemos para 1921 una desocupación del 260% siendo del 520% para 1922. En el marco de una rebaja de precios de exportación y de una retracción de la demanda de los mismos, Uruguay debió pagar la deuda externa –sobre todo con los Estados Unidos- arrojando fuertes déficits la balanza comercial y de pagos. Una nueva recuperación se produjo entre 1924-29, año este último, en el que los efectos de “la gran depresión” golpearon duramente a la economía uruguaya.

La Revolución Rusa de 1917 provocó una fuerte discusión en el seno del movimiento obrero uruguayo que tiene como consecuencia el desmembramiento de la unidad; junto a la FORU, en 1923 se funda otra central: Unión Sindical Uruguaya (USU), bajo la influencia del anarcosindicalismo –corriente anarquista distinta al anarquismo puro de principios de siglo- que mantenía un apoyo crítico a la Revolución Rusa y la presencia de militantes sindicales de origen comunista.

A pesar de los esfuerzos de individuos y sindicatos por recomponer la unidad, y ante un nuevo fracaso de las gestiones en dicho sentido, vemos aparecer en año 1929 otra nueva central sindical: Confederación General del Trabajo del Uruguay (CGTU); bajo el predominio de la tendencia comunista.
Ese mismo año se realiza en Montevideo el Congreso Sindical Mundial, donde participan delegados de América latina, EE.UU. y Francia; integran la Confederación Sindical Latino Americana (CSLA). 

LA CRISIS FINANCIERA DE 1929 - LA REPUESTA DE LOS TRABAJADORES 

La crisis del capitalismo del año 1929 repercute en Uruguay a través del descenso de los precios internacionales de la carne (1930-31), la paralización industrial, la desocupación, la rebaja de los salarios... llegando al Golpe de Estado del presidente Gabriel Terra (1933), con su represión a toda actividad sindical y política: allanamientos, detenciones, torturas, exilio,...

Este período estuvo marcado por la defensa del movimiento sindical no sólo ya de sus derechos sino también por la defensa de la democracia y la institucionalidad del país, en contactos con otros sectores de la sociedad (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, FEUU).

Hubo una fuerte resistencia de la clase obrera a la dictadura que se expresa en diversas huelgas y paros: madera, calzado, construcción, textiles, canteras, transportistas, gráficos, carne, etc. Las tres Centrales logran realizar un paro conjunto el día 19 de octubre 1934.

La Guerra Civil Española, la solidaridad con la lucha del pueblo español, fue un factor que también contribuyó a la realización de acciones unitarias por parte de las organizaciones sindicales uruguayas.
A los efectos de favorecer la unificación de los trabajadores, la CGTU se disuelve en 1937, dando paso a la creación de un Comité de Organización para la Unidad Obrera que convocó en Febrero de 1940 a una Conferencia Nacional de Sindicatos con participación de 27 organizaciones; esta Conferencia aprobó un programa que planteaba la lucha por salario mínimo. Seguro de Paro, castigo a especuladores, impuesto a la gran propiedad latifundista, oposición a la dependencia internacional, a la guerra y al servicio militar obligatorio. Se constituyó un Comité pro Unión General de Trabajadores que prepararía “una poderosa Central”.

Luego de las desavenencias provocadas por el pacto Germano-Soviético de 1939, la invasión alemana a la Unión Soviética en 1941 contribuyó a un clima de positivo entendimiento. Así iniciaron su participación en el Comité Organizador del Congreso varios sindicatos autónomos. En este período surgen fuertes sindicatos y federaciones por industria (textiles, metalúrgicos, ferroviarios, FUNSA, frigoríficos, etc.), que también favorecieron las tendencias unificadoras que se concretaron en la creación de la Unión General de Trabajadores UGT en marzo de 1942.

Esta nueva Central logró agrupar a la casi totalidad de las organizaciones obreras del país, y al disolverse la Unión Sindical Uruguaya, convirtiéndose por un tiempo en una presencia significativa.

LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL - LAS CENTRALES DE TRABAJADORES y “EL DIRIGISMO ESTATISTA”

La Segunda Guerra Mundial provoca una coyuntura económica favorable para Uruguay, se intensifican las exportaciones de nuestros productos agropecuarios para abastecer a Europa principalmente, generando saldos positivos en nuestra balanza de pagos, permitiendo además que junto a la infraestructura ya existente tome impulso el proceso de sustitución de Importaciones de productos industriales, proceso que fue el eje de la dinamización y crecimiento de la economía durante la década del ’40 y principios de la del ’50 (guerra de Corea).

Así el funcionamiento de la economía uruguaya acentuó la dependencia externa de bienes de capital, materias primas, combustibles.

El liderazgo de Luis Batlle Berres –neobatllismo-, expresión de la fracción industrial evitó compromisos con el Fondo Monetario Internacional (esto a pesar que Uruguay en 1956 adhirió al acuerdo de creación del FMI), aunque no evitó la influencia y la presencia creciente de EE.UU. en lo económico, político, militar e ideológico. En los enfrentamientos entre las fracciones y grupos del capital, representadas por la Federación Rural y la Cámara de Industrias, predominó el proyecto industrialista que venía desarrollándose desde décadas anteriores.

El Estado sigue jugando un papel decisivo como impulsor de este proyecto industrialista: “dirigismo estatista”, es decir la aplicación de una política proteccionista a la industria nacional mediante barreras arancelarias y subsidios, aplicación de una legislación laboral y social que asegurara una mejor reproducción de la fuerza de trabajo, propendiendo a la ampliación del mercado interno al posibilitar una mayor capacidad de consumo de los asalariados, y crecimiento del aparato del Estado (1955: 168.532 empleados públicos en la administración, industrias, y servicios estatales).

A partir del año 1941 se inicia una recuperación del nivel de los ingresos de los trabajadores, no sólo mediante el incremento del salario real sino mediante otros beneficios: ley de Asignaciones Familiares y un conjunto de normas reguladoras de los Convenios Colectivos que se integran en la Ley de Consejo de Salarios (1943); ley de Indemnización por despido (1944), Estatuto del Trabajador Rural (1946); indemnización por despido a enfermos y trabajadoras grávidas (1950), y el salario por maternidad (1958).

Los Consejos de Salario fueron un ámbito de regulación de las disputas salariales, teniendo al Estado como “mediador”; ayudaron no sólo al mejoramiento del salario real sino que posibilitaron la expansión y consolidación de las organizaciones sindicales, ya que la lucha y vigilancia de los sindicatos influyeron en la aprobación y en el posterior cumplimiento de las leyes laborales y económico-sociales en general. Además requirió de dirigentes obreros con conocimientos de la economía y de la situación del país, impulsando así la formación de ellos por parte de sus organizaciones sindicales, tarea a la que también contribuyeron los partidos de izquierda.

En 1955 el número de empresas era de 21.100 las que ocupaban a 161.800 trabajadores, pasando estas cifras en 1958 a 25.600 y 191.408 respectivamente.

Esta nueva realidad económico-social posibilita el surgimiento de un “sindicalismo de masas” que encuentra su inserción en ella, y en la cual los sindicatos se convierten en un grupo de presión sobre el Estado necesitando para ello de una intensa movilización de denuncia, agitación y organización; actividades que nunca descartaron la huelga como medida de lucha de los trabajadores, medida a la cual éstos recurrieron en numerosas oportunidades.

Numerosas son las huelgas que se llevan a cabo por parte de los trabajadores: a las mencionadas anteriormente debemos agregar: tranviarios (1943), paro general en 1945, metalúrgicos y obreros de FUNSA (caucho) en 1946, obreros de la lana en 1950.

Son también numerosos los procesos de organización –muchos de ellos acompañados además de paros y huelgas- de los funcionarios tanto públicos como privados: bancarios (AEBU 1942), prensa (APU 1944), obras sanitarias estatales (FFOSE 1946), municipales (ADEOM 1947), energía (AUTE 1949), combustible (FANCAP 1951).

La UGT se vio enfrentada a problemas de orden político: algunos de ellos se generaron a partir de su propia fundación como lo fue el apoyo al Servicio Militar Obligatorio y a otras obligaciones militares que se impusieron sobre los trabajadores enmarcadas en la lucha antifascista: otros se generaron a partir de apreciaciones sobre determinados conflictos obreros como lo fue la huelga de los frigoríficos de 1943, solidaria con los obreros del Frigorífico Nacional acusados de sabotear un embarque de carne a Inglaterra, o la postura adoptada frente a la huelga de los trabajadores areneros de Boca de Rosario de 1945; y también por divergencias de criterios sobre el manejo interno de la vida sindical.

Estos hechos y otros provocaron el alejamiento de varios sindicatos importantes de la UGT (Comercio, Panaderos, Carne, Ferroviarios), a pesar de ello en el Congreso de 1946 estaban representados 116 sindicatos.

También contribuyeron para la desunión del movimiento sindical la situación política internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial, y la influencia en Uruguay de los esquemas propios de la “guerra fría”. En 1951 se funda la Confederación Sindical del Uruguay (CSU), central que proclama abiertamente objetivos divisionistas de los trabajadores: lucha contra el comunismo y el aislamiento de los comunistas. Logra reunir una cantidad de sindicatos nuevos y varios sindicatos autónomos, con una diversidad considerable de posiciones. Esta central surge en el ámbito mundial de la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL), y en el americano de la Organización Regional Interamericana de Trabajadores (ORIT), bajo el predominio de las centrales norteamericanas American Federation of Labor (AFL) y Congress of Industrial Organizations (CIO).

LA DÉCADA DE 1950 - LOS SINDICATOS PULEN SUS MECANISMOS DE UNIDAD

A pesar de la desunión reinante entre las organizaciones sindicales, los sindicatos no pierden su capacidad de movilización y lucha en la defensa de sus intereses: en 1951, a raíz de una huelga solidaria con los trabajadores de ANCAP, se crea por parte de gremios autónomos la Coordinación de Gremios Solidarios con la esperanza de unir a las dos centrales y a los gremios autónomos. Su actividad no fructificó en tanto no se obtuvo la unidad de las organizaciones de los trabajadores.
En 1952, el poderío de las organizaciones sindicales y su capacidad de movilización provocaron que el gobierno impusiera por dos veces, las Medidas Prontas de Seguridad: abril, contra una huelga llevada a cabo por los trabajadores de Salud Pública: setiembre-octubre, contra los trabajadores del transporte, y los demás gremios en general. En esta ocasión cientos de dirigentes sindicales fueron detenidos y trasladados en esa condición a cuarteles del interior del país.

En los años 1953, 1954, 1955 y 1956 se desarrollan varios conflictos que van pautando una unidad gradual de los distintos sindicatos: textiles (1953 y 1954); metalúrgicos y bancarios (1955); frigoríficos (1956). La huelga de los trabajadores de la carne significó un paso muy importante en pro de la unidad de todos los trabajadores. Dos paros generales solidarios, grandes manifestaciones de trabajadores de todos los gremios que comenzaron a corear la consigna: “Unidad sindical, una central”. En agosto de 1956, a instancias de la Federación Autónoma de la Carne, surgió una Comisión coordinadora pro central única de trabajadores.

Dicha Comisión Coordinadora vio entorpecida su labor por acontecimientos externos –los sucesos de octubre de 1956 en Hungría-, que fueron invocados por la Confederación Sindical del Uruguay para retirarse de las negociaciones en pro de la unidad de los trabajadores: pero cumplió una labor eficaz en cuanto a coordinar las acciones de solidaridad con los distintos conflictos que se desarrollaron en esos años: arroceros, tamberos (1957), remolacheros (1958), conflictos que pusieron a la luz pública las condiciones de explotación y miseria de los trabajadores rurales y significó la incorporación efectiva, al movimiento organizado de los trabajadores, de sectores que hasta ese entonces habían tenido muy poca significación organizativa, como lo eran los trabajadores rurales.

La ocupación y puesta en marcha bajo control obrero de la planta de FUNSA (Fábrica Uruguaya de Neumáticos S.A.), significó la utilización de nuevos recursos tácticos a nivel gremial (1958).

La lucha de la Universidad de la República y la de sus distintos gremios, por conseguir la aprobación de la Ley Orgánica (1958), permitió su encuentro con las organizaciones sindicales de los trabajadores que bajo la consigna de “Obreros y estudiantes unidos y adelante”, realizaron múltiples manifestaciones populares.

CRISIS ECONOMICA - LOS TRABAJADORES FORJAN SU UNIDAD

La recuperación económica de la posguerra dio lugar a un replanteo de las estrategias de dominación de las potencias capitalistas mundiales, que bajo la hegemonía de Estados Unidos, se lanzaron a la penetración de las economías dependientes presionando a la internacionalización de sus mercados internos. Se desarrollaron nuevas técnicas productivas que requirieron la articulación de espacios económicos supranacionales.

En Uruguay -frenada la expansión de las fuerzas productivas de la etapa sustitutiva de importaciones- el estancamiento primero, y la crisis posterior, crearon las condiciones para que se planteara un reajuste de la economía. En los comicios de 1958triunfa el Partido Nacional accediendo al gobierno luego de más de 90 años de ejercicio gubernamental por parte del Partido Colorado.

Con el Partido Nacional accede al gobierno el sector económico agroexportador que lleva adelante diversas acciones, entre ellas una reforma cambiaria y monetaria (1959), tendientes todas ellas a desmontar la legislación económica y fiscal de carácter proteccionista: se cuestiona fuertemente el papel intervencionista del Estado, la redistribución del ingreso en favor de los sectores urbanos, y la protección a la industria.

Junto a medidas de orden interno el gobierno opta por firmar en 1959, con el FMI una “Carta de Intención” –la primera en la historia de nuestro país- para conseguir préstamos que favorecieran al sector agropecuario exportador, cuya competitividad en el mercado internacional posibilitaría la dinamización de nuestra economía.

Los sectores industrial y comercial, en directa relación con el mercado interno, lucharon por preservar sus intereses en determinados momentos con el poder político.

Los trabajadores no sólo resisten la nueva orientación de la política económica, que intenta sacarle los derechos económicos y sociales tan duramente conquistados en las décadas anteriores, sino que levantarán una plataforma con soluciones para la grave situación que atraviesa la sociedad uruguaya.
Esta etapa conflictiva generó por los distintos gobiernos de la época, una respuesta recurrente: Medidas Prontas de Seguridad (1959, 1963, 1965 -dos veces-). Otra medida fue la aprobación de una Reforma Constitucional (1966), que concentró más atribuciones de autoridad en el Poder Ejecutivo, buscando así mecanismos legales y jurídicos adecuados a la nueva situación.

Algunos datos nos permiten observar mejor la crisis que vivía la sociedad uruguaya: entre 1946-50 la tasa de crecimiento productivo alcanza el 4%, entre 1961-65 es del 0,3%; entre 1957 (base 100) y 1962 el salario real desciende al 89,5%, entre 1963 y 1968 se reduce un 17%; entre los años 1955 y 1965 la desocupación pasa de un 3,5% al 10%.

En 1958 los 25.626 establecimientos industriales ocupan a 191.408 trabajadores, en 1960 dichas cifras se sitúan en 27.642 y 207.204 respectivamente. Hacia fines de la década de 1960 la cantidad de empleados públicos se calcula en 193.000.

Varios son los conflictos a los que se ven enfrentados los distintos gremios y sindicatos: una investigación parlamentaria pone al descubierto fraudes y estafas contra el Estado por parte de los capitales norteamericanos en la industria frigorífica; lo cual provoca una situación muy delicada para la Federación Autónoma de la Carne a partir de fines de 1957; los obreros de la industria papelera, teniendo como eje el conflicto en la empresa CICSSA, llevan adelante una dura lucha luego de la cual, y ante la traición de la CSU la mayor parte de los sindicatos se retiran de ella quedando esta central reducida tan solo a un nombre para nada representativo de los trabajadores uruguayos, y manteniéndose a través de las ayudas internacionales, principalmente de origen norteamericano.

EL CONGRESO DEL PUEBLO - NACIMIENTO DE LA CENTRAL (C.N.T.)

En abril de 1959 la Comisión Coordinadora –creada en 1956-, llamó a una reunión con el carácter de “asamblea consultiva de sindicatos”, la cual se realizó el mismo mes de abril; luego de otras dos reuniones en 1959 (agosto y octubre), se realizó el “Congreso de Unificación Sindical”, el cual inició sus sesiones el 9 de diciembre de 1959, con la intención de constituir una “central única”; luego de sucesivos cuartos intermedios que se prolongan hasta junio de 1961, culmina con la creación de la “Central de Trabajadores del Uruguay” (CTU), no “única” en la medida que los propios sindicatos que participaban de ella entienden que no pueden prescindir de otras organizaciones que habían decidido no integrarla.

El Congreso, en abril de 1960 realiza un llamamiento a todas las fuerzas populares y a los poderes públicos para enfrentar la política del FMI.

En mayo de 1964 los gremios textil, gráfico y de Funsa, acordaron con la CTU la convocatoria de una Convención Nacional de Trabajadores.

En setiembre de 1964 se reúne la Convención y decide:

• Convertirse en un órgano coordinador de la CTU con todos los sindicatos.

• Convocar a una jornada de protesta con un paro general nacional para el 6 de abril de 1965, precedida de grandes asambleas en las que se discutieran los puntos de la propuesta programática aprobada por la Convención. Llamar a otras fuerzas sociales para participar en dicha jornada.
• Convocar para agosto de 1965 un Congreso del Pueblo, donde participaran organizaciones de los sectores populares: estudiantes, profesionales, cooperativas agropecuarias, iglesias, etc.

• Discutir la propuesta programática de la Convención Nacional de Trabajadores y formular un programa que fuera representativo de todos los sectores populares, y no sólo de los trabajadores.
El Congreso del Pueblo se realizó precedido del paro de abril; concurrieron a él casi 1.100 delegados representando a más de 700 organizaciones sociales.

En octubre de 1966 se reunió el Congreso de Unificación Sindical, mediante el cual la CNT dejó de ser la Coordinadora de Sindicatos para convertirse en la central de los trabajadores uruguayos.

Dicho Congreso dotó a la CNT de un Estatuto, una Declaración de Principios, un Programa, una dirección, y de un funcionamiento democrático de sus congresos.

La Declaración de Principios reafirmó el carácter autónomo del movimiento obrero, vinculó la lucha nacional con la unidad latinoamericana, antiimperialista y reafirmó también la fraternidad y solidaridad internacional de todos los trabajadores.

El Programa proponía una serie de medidas tendientes, no sólo a superar la crisis sino a desarrollar económica, social y políticamente el país; reforma agraria e industrial, nacionalización de los monopolios y del comercio exterior, reforma de la política de inversiones públicas, reforma tributaria, crediticia y bancaria, reforma de la seguridad social, de la educación y de la cultura.

Este proceso de los trabajadores uruguayos recogía una rica tradición histórica: desde comienzos del siglo XX los trabajadores y sus distintas organizaciones sindicales habían bregado por la unidad de todos: 1966 fue el año de la concreción.

También dicho proceso de unidad fue solidificado en medio de conflictos y luchas; entre el final de la década de 1950 y 1965 se desarrollaron conflictos muy largos en la industria, en los organismos públicos y en las empresas rurales, que obligaron a las distintas organizaciones públicas y en las empresas rurales, que obligaron a las distintas organizaciones sindicales a desplegar una energía muy grande, y provocaron la solidaridad del conjunto de los trabajadores: luchas por derechos sindicales, seguros de enfermedad y otros beneficios sociales, por la tierra y contra la desocupación, contra la congelación de salarios, etc. Entes autónomos (UTE y otros en 1959), textiles (1960), tabacaleros (de1960 a 1961), metalúrgicos de TEM (1961) y Aluruguay (1962), frigoríficos (1962 y 1963), bancarios, funcionarios municipales, de la Administración Central y Descentralizada del Estado (1963, 1964 y 1965), personal de Lanasur (1964 y 1965, marchas de los trabajadores rurales, azucareros (1962, 1964 y 1965).

La crisis económica golpea fuerte a los sectores populares y éstos responden a través de una serie de medidas de lucha que llevan al enfrentamiento con las políticas gubernamentales, optando el Poder Ejecutivo por implantar las Medidas Prontas de Seguridad (octubre de 1967).

A medida que la crisis se profundizaba, que se planteaban nuevas y más continuas situaciones coyunturales, retornan dentro de la CNT las discusiones las discusiones que derivaban de distintos enfoques de apreciación de la realidad del momento: enfoques vinculados tanto a las experiencias de los distintos gremios y sindicatos como a las apreciaciones que los dirigentes de las organizaciones sindicales tenían en función de sus diferentes visiones políticas. Es así que en torno a esta problemática sobre la situación política, la metodología a seguir para mejor enfrentar las medidas gubernamentales contra los intereses de los trabajadores y de los sectores populares.

Las tácticas mejores para la acumulación estratégica de fuerzas en el plano sindical, llevan a la constitución de agrupamientos sindicales que enfrentan a una conducción mayoritaria de la CNT con la denominada “tendencia”.

CRISIS POLITICA - LAS RESPUESTAS DE LOS TRABAJADORES.

Muerto el Presidente Oscar Gestido (marzo-diciembre 1967), -cuyo triunfo electoral (noviembre de 1966) le permitió al Partido Colorado volver al ejercicio de gobierno-, asume el mando el hasta ese entonces Vicepresidente Jorge Pacheco Areco(diciembre 1967 – marzo 1972). Durante su mandato se profundiza el modelo conservador ligado a los intereses de los sectores agroexportador, financiero, comerciales, vinculados directamente a la exportación. Calificados integrantes de estos sectores económicos participan directamente en el gabinete ministerial, el Estado redefine su rol modificándose así los mecanismos tradicionales de dominación política, aumentando en forma predominante la autoridad del Poder Ejecutivo; se gobierna mediante el uso casi permanente del recurso constitucional de las Medidas Prontas de Seguridad, como del decreto presidencial.

En un contexto generalizado de crisis que provocó un permanente descontento popular, aparecieron en la sociedad uruguaya de entonces, nuevas expresiones políticas: la guerrilla y el agrupamiento político de prácticamente toda la izquierda al constituirse el Frente Amplio (5/2/1971).

La política “estabilizadora” del gobierno de Pacheco Areco basada en la congelación real de los salarios, no así de precios, hizo que el salario real de 1968 fuera el más bajo de la década de 1960: en 1970 las organizaciones sindicales a través de sus luchas habían logrado que el salario real fuera un 11% superior al de 1968.

La política del FMI aumentó su insistente presencia atribuyendo la causa de la inflación a los aumentos de salarios, al déficit fiscal y a la generalización del crédito. Fue de tal determinación y dureza esta política fondomonetarista que la inflación pasó del 182% entre junio de 1967 y julio de 1968, a no superar el 25% entre 1969 –1971.

Si bien la producción creció en los años 1969-1970, descendió en 1971: aumentaron los ingresos basados en las exportaciones al subir los precios internacionales de la carne y someter a la población uruguaya a la veda de su consumo. Al ser 1971 año electoral el gobierno optó por un aumento controlado de los salarios, las jubilaciones y pensiones, llegándose a un 61% sobre lo percibido en 1968.
Al triunfar nuevamente el Partido Colorado y dentro de él la fracción que respondía a los mismos intereses que el gobierno anterior, asume la presidencia Juan M. Bordaberry (marzo de 1972); aumentaron los precios al consumo, descendieron los salarios y las pasividades en un 17% y 22% respectivamente durante el año 1972.

La polémica planteada en el seno de la CNT acerca de cuál era la mejor forma de enfrentar la política del gobierno, la capacidad de lucha de las organizaciones sindicales... se acentúa con la profundización de las medidas antipopulares por parte de las autoridades nacionales. Se llega así al I y II Congreso de la CNT (1969 y 1971) donde la polémica gira principalmente en torno a estos temas; a pesar de no llegar a un acuerdo frente a estas cuestiones, ya que puestas a votación hubo mayorías y minorías claramente diferenciadas dentro de la CNT, la unidad de los trabajadores no se quebró, y la central aumentó el número de organizaciones afiliadas a ella.

Grandes y duros conflictos sindicales tuvieron que afrontar los trabajadores:

• 1968: varios paros generales convocados por la CNT; detención de muchos dirigentes sindicales; allanamiento del local de la CNT; militarización de miles de trabajadores estatales, reclusión de ellos en cuarteles y dependencias militares, separación y destitución de sus puestos de trabajo; muerte de varios estudiantes... el Ministerio del Interior recaba las cifras de 234 huelgas y 446 paros.

• 1969: son los municipales (ADEOM), en una de cuyas manifestaciones es muerto un obrero del gremio; los obreros de la carne, los de energía y teléfonos (UTE), bancarios (AEBU) cuyo conflicto llevó a su militarización, a la declaración de desertores a unos 2.000 de ellos, y a la destitución de 181 empleados.

• 1970: transportistas municipales de Montevideo (AMDET), trabajadores de Salud Pública y de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), del caucho, de Enseñanza Secundaria, metalúrgicos.

• 1971: prensa, textiles, trabajadores rurales, azucareros del norte (cañeros) realizan hacia Montevideo su quinta marcha, obreros de celulosa (CICSSA), muerte de estudiantes.

• 1972: al otro día de un paro general de carácter nacional (13 de abril), las acciones del Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros incidieron aun más en la ya compleja situación política. Ataque a locales políticos (Seccional 20 del Partido Comunista), muerte de militantes políticos y sindicales, paros sucesivos y una gran concentración el 1° de Mayo dan importancia a la lucha por la libertad de los presos, contra la represión.

Se realiza entre el 12 y 14 de mayo, el I Encuentro de Comités de Base de la CNT, son numerosos los conflictos gremiales y sindicales: caucho, celulosa (CICSSA), química (BAO), radio-electricidad, varios gremios textiles, bancarios (AEBU), gráficos, prensa, los ferroviarios toman el control del funcionamiento de los trenes: transporte, salud, enseñanza.

GOLPE DE ESTADO y DICTADURA MILITAR

• 1973: en febrero se produce una crisis política ante el desconocimiento por parte del Ejército y la Aviación, del nuevo Ministro de Defensa, crisis que repercute en el movimiento sindical ante la emisión por parte de los mandos de dichas Fuerzas Armadas, de los comunicados 4 y 7 de los días 9 y 10 de Febrero, en los cuales se planteaban algunos puntos reivindicados en distintas proclamas y documentos de los trabajadores y organizaciones políticas de izquierda.

El 27 de junio se produce el Golpe de Estado por parte del Presidente de la República Juan M. Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas, las que irán imponiéndose hasta desplazar a aquél del gobierno y colocar en su lugar (1976) primero a Alberto Demichelli, posteriormente a Aparicio Méndez y en 1981 al Tte. Gral. Gregorio Alvarez.

El mismo 27 de junio de 1973, en la madrugada, todos los trabajadores sindicalizados comienzan la ocupación de sus lugares de trabajo, haciendo lo mismo los estudiantes de los distintos centros de estudio, dando comienzo así a la huelga general en oposición al golpe de Estado. 

La política económica neoliberal que preconiza el crecimiento en base a una apertura del mercado a la economía internacional teniendo como eje algunos sectores de la producción pecuaria e industrial, así como la creación de una plaza financiera a nivel regional, tuvo en las Fuerzas Armadas un decidido impulsor que no sólo logró superar la crisis de liderazgo entre los sectores de la clase dominante, sino que aunó criterios en dichos sectores para, por medio de la fuerza, solucionar la crisis de dominación en la sociedad uruguaya.

Para el logro de las metas propuestas es necesario reducir la intervención del Estado, reducir sus costos, incrementar la rentabilidad empresarial privada para así favorecer la inversión, la producción, y como consecuencia de ello el empleo. Entre 1974-1980 el Producto Bruto Interno creció a un ritmo acumulativo anual del 4,5%, teniendo a las Finanzas, al Comercio, a la Industria, a la Construcción, y a la Pesca como las actividades de mayor crecimiento. En 1982 se produce una fuerte caída de la actividad económica, llegándose a los niveles de 1978.

Para los trabajadores esta política económica significó que:

• Entre los años 1972 y 1983 el salario real bajara un 54,22%, -la participación de los salarios en el ingreso nacional pasara del 36% en 1971 al 23% en 1979.

• Las condiciones de vida de los sectores populares se deterioraron rápidamente: reducción del consumo, dos o tres trabajos, más miembros del núcleo familiar volcados al mercado laboral en edades más tempranas, incremento de la participación de la mujer en el mercado de trabajo, incremento de las actividades económicas informales, emigración...

Como ya fue indicado más arriba, el mismo día del golpe de Estado los trabajadores con la ocupación de sus lugares de trabajo dieron inicio a la huelga general, esta actividad se desarrolló en medio de medidas de fuerza, represión a toda movilización popular, desocupaciones de los lugares de trabajo... por parte de las Fuerzas Armadas y de la Policía, el 30 de junio el gobierno dictatorial ilegalizó a la CNT, detuvo a dirigentes y militantes sindicales, el 4 de julio por medio de un decreto, se autorizaba el despido sin indemnización de los trabajadores en huelga, el 9 de julio se realizó una manifestación popular de todos los sectores opuestos a la dictadura, la que fue duramente reprimida. Al cabo de dos semanas, la huelga, luego de intensas discusiones a nivel de la dirigencia de la CNT, fue levantada.
De allí en adelante, el gobierno dictatorial intentó a través de diversos procedimientos, la destrucción del movimiento sindical, reglamentación sindical a través de las “garantías de trabajo” (julio de 1973), decreto 622 que reglamentaba la constitución y funcionamiento de los sindicatos, regulaba las huelgas, los procedimientos judiciales y laborales (agosto de 1973), convocatoria a la creación de Comisiones Paritarias por Empresa (febrero de 1977). Estos procedimientos encontraron siempre la misma respuesta: la oposición tajante de los trabajadores, si fueron acaso consultados, o el desinterés puesto de manifiesto como forma de protesta.

En 1979 el régimen intenta nuevamente atraer a los trabajadores, el gobierno elabora un Proyecto de Reglamentación de los Sindicatos, e inicia a través de algunos militares una serie de entrevistas con dirigentes sindicales para recomponer las organizaciones de trabajadores. A través de dichos 
dirigentes la tradición “clasista, independiente y solidaria” del movimiento sindical uruguayo se hizo presente.

En estos años suceden hechos políticos de suma importancia: los militares comienzan en 1980, una ronda de conversaciones con personalidades de algunos partidos políticos habilitados; en noviembre de 1980 el gobierno dictatorial sufre una gran derrota en las urnas al pretender que su proyecto político tuviera carácter constitucional; en noviembre de 1982 se realizan las elecciones internas para elegir las autoridades de los partidos Colorado, Nacional y Unión Cívica, los candidatos que estaban relacionados con los postulados de la dictadura son ampliamente derrotados.